Con preocupación se conocieron las principales conclusiones surgidas del Congreso sobre Discapacidad, organizado por la Caja de Abogados bonaerense, reveladoras de la escasa inserción laboral que tienen las personas con desigualdades físicas, tanto en los empleos públicos como en los privados.
Más del 70 por ciento de las compañías no tienen en sus planteles empleados con discapacidad y tampoco se cumple con el cupo legalmente establecido para los empleos públicos, se señaló en el encuentro en el que participaron abogados especializados en derecho laboral, magistrados y otros expertos.
Con el título “Las personas con discapacidad y el acceso al trabajo”, un panel de juristas abordó una de las principales problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad: casi el 60 por ciento se encuentra desocupado, de acuerdo con los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2010 en todo el país, mientras que un estudio llevado a cabo este año por Adecco Argentina sobre las oportunidades laborales que ofrece el mercado para personas con discapacidad, indica que el 71 por ciento de las empresas no tiene empleados con discapacidad.
Se dijo, asimismo, que si bien sólo el sector público ha mejorado un poco en la inclusión de personas con discapacidad, sigue siendo contundente la deuda social que se tiene con este sector. Los panelistas indicaron que otro de los obstáculos son los que padecen los abogados litigantes con discapacidad, que en muchos tribunales encuentran serias dificultades para ingresar, acceder a la mesa de entradas donde se pide un expediente y hasta para desplazarse por los pasillos.
Por otra parte, la falta de estadísticas acerca de las mujeres niñas y adultas con discapacidad que resultan víctimas de violencia, es otra de las problemáticas que se abordaron en el Salón Auditorio de la Caja de Abogados. Tanto de estas conclusiones como de otras evidencias existentes en campos ajenos a lo laboral, surge una vez más la necesidad de librar una batalla frontal a favor de una integración social plena de las personas con desigualdades físicas.
Lo cierto es que si bien desde hace un tiempo se advierte mayor conciencia en la lucha contra este tipo de discriminación, se está lejos todavía de haber alcanzado un nivel satisfactorio, a juzgar no sólo por lo que cada cual puede apreciar sino por los datos que manejan distintos organismos oficiales y no gubernamentales.
En infinidad de oportunidades se ha destacado que, por encima de las leyes y otras normas que repriman las distintas formas de discriminación, lo esencial es trazar los lineamientos educativos para lograr que la población esté preparada para convivir en un marco, más que de tolerancia, de verdadera comprensión entre todos los sectores de la población.
Y ello, con muchísima mayor razón, si esas resistencias se registran tanto en los sectores público como privado, que hacen caso omiso de las distintas leyes vigentes que imponen la existencia de cupos mínimos para asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar. Cabe señalar que están obligados a cumplir los tres poderes públicos, los organismos y las empresas del Estado, y el sector privado que sea concesionario de servicios públicos. Aunque se cumple sólo muy parcialmente con este mandato legal.
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